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Cooperación euromediterránea y desarrollo regional.

Activar las inversiones en el área EUROMED

Documento de discusión al taller de los 16 -18 de noviembre de 2005, en Madrid
6 de marzo de 2006

Documento de discusión.

Autores:

-  Alejandro Lorca Corróns, Cátedra Jean Monnet, UAM - DERI

-  Raquel Torres Ruiz, Investigadora Senior - DERI

-  Gonzalo Escribano Francés, Profesor Titular, UNED.

PROGRAMA Cooperación euromediterránea y desarrollo regional

Seminario -Taller:

Activar las inversiones en el área EUROMED Madrid, 16 - 18 de noviembre de 2005

Organizado por:

LA CARTA MEDITERRÁNEA

1. INTRODUCCIÓN

Los flujos de capital internacional privado hacia países en vías de desarrollo (PVD) han seguido una tendencia al alza muy acusada desde la última década del siglo pasado, particularmente la Inversión Directa Extranjera (IDE), que se ha convertido en la principal fuente de financiación del desarrollo en Asia y Latinoamérica. Grandes volúmenes de IDE han fluido de potencias económicas como Japón o los EEUU hacia las regiones en desarrollo periféricas, integrando dichas regiones en cadenas globales de producción flexible, y estimulando así su crecimiento y desarrollo económico. En cambio, los países en desarrollo de la cuenca del Mediterráneo han sido incapaces de atraer un volumen de inversión privada significativo y de integrarse en cadenas de producción globales (algunos si lo han hecho en el sector textil, pero no en los sectores mas dinámicos manufactureros).

A pesar de los programas de reformas iniciados por muchos de los países mediterráneos para diversificar sus economías y crear un ambiente propicio para el desarrollo de un sector privado que sustituya al sector público como motor del crecimiento de la economía, la inversión privada tanto doméstica como extranjera sigue dejando mucho que desear. Sin embargo, la escasa inversión privada en los países vecinos del sur de la UE no se debe tanto a una falta de capital como a la escasez de oportunidades de inversión, a un clima de inversión desfavorable y a la ausencia de un sistema financiero suficientemente desarrollado para canalizar de forma eficaz y eficiente el capital privado hacia inversiones productivas.

En realidad, las tímidas reformas implementadas, han sido más bien motivadas por la presión de la UE, que ha realizado un mayor esfuerzo de política económica exterior en la última década para potenciar el desarrollo de sus vecinos, y no por una voluntad interna real de cambio. Las elites en el poder al Sur del Mediterráneo no han mostrado una verdadera voluntad política para llevar a cabo las reformas, lo que sí han mostrado es una habilidad asombrosa para mantenerse en el poder y conservar sus privilegios. Por lo tanto, las reformas realizadas han sido unas reformas de maquillaje para contentar a sus vecinos europeos, con un efecto muy limitado en la economía. Las reformas y medidas necesarias para activar la inversión extranjera precisan una clase política determinada y dispuesta a perder sus privilegios, y un plazo de tiempo considerable. A más corto plazo existen otras opciones para fomentar una inversión privada, que incrementaría la confianza del inversor extranjero en las economías del Mediterráneo como destino de inversión, además de desarrollar unas redes de distribución comercial necesarias para atraer a dicho inversor extranjero.

La región del Mediterráneo es la única entre las regiones periféricas de los tres poderes económicos mundiales en la que las remesas de emigrantes superan con creces la IDE o cualquier otro flujo de capital. Dichas remesas constituyen una importante fuente de capital en estos países y podrían mejorar la situación a corto plazo y, sin duda, ser un instrumento eficaz en la lucha contra la pobreza tanto en la zona rural como en las zonas urbanas marginadas. Si bien el fin de una gran parte de las remesas es simplemente aumentar la capacidad de consumo de familia o amigos residentes en el país de origen, una parte de las remesas se destina a la inversión tanto en capital físico como humano. La proporción de remesas destinadas actualmente a la inversión es muy inferior a su potencial, en gran parte debido a la desconfianza que inspira un entorno percibido como poco atractivo para la inversión por los propios emigrantes. Así pues, aunque las instituciones de micro-crédito pueden jugar un papel importante en el fomento de inversiones privadas, canalizando el capital hacia proyectos determinados y colaborando con otras instituciones públicas y privadas en la creación de mecanismos que fomenten la inversión, no son el remedio a la escasez de inversión privada en la región.

En las siguientes líneas, se analizan los flujos de IDE y de las remesas de inmigrantes en el Mediterráneo, y se revisan los principales factores que representan un obstáculo para la inversión privada en el Mediterráneo para finalizar con propuestas para la activación de la inversión y con una propuesta particular para el caso de España/Marruecos.

2. INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA

La tendencia de los flujos de capital extranjero a Países en Vías de Desarrollo (PVD) en la última década ha sido dispar. Mientras que los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) disminuyeron notablemente en el transcurso de la última década, los flujos de capital privado se multiplicaron por seis entre 1991 y 1997 (alcanzando un máximo histórico de 330 millardos de dólares). A pesar de la crisis asiática, que fue seguida por una brusca caída en el volumen de capital extranjero privado hacia PVD, el volumen aún era cuatro veces mayor en el año 2000 que en 1991. Entre los distintos tipos de capital privado extranjero destaca la Inversión Directa Extranjera (IDE), que ha mostrado un incremento constante desde principios de la década de los noventa (tan solo en una década el volumen pasó de menos de 25 millardos de dólares en 1990 a más de 180 millardos de dólares a finales de la década).

La IDE no sólo ha demostrado ser la fuente de financiación más abundante, estable y menos vulnerable a cambios bruscos en los flujos internacionales de capital, sino también tener un mayor impacto en el crecimiento y desarrollo de la economía al permitir una mayor acumulación de capital (la inversión total en el país de destino de la IDE aumenta más que el dólar adicional de IDE, efecto crowding-in), la transferencia de diferentes tipos de propiedad intelectual y tecnología a la economía local mediante la creación de externalidades y una mayor integración de la economía de destino en las cadenas de producción global (ya que la IDE va normalmente dirigida a sectores de exportación intraindustrial). En general, aunque la gran afluencia de financiación extranjera puede tener ciertos efectos negativos sobre la economía de destino, los expertos coinciden en los efectos positivos que la IDE puede tener en el crecimiento sostenido a largo plazo y el desarrollo de una economía.

Los países del Mediterráneo, sin embargo, han quedado excluidos de esta marcada tendencia al alza.

Los flujos de capital extranjero recibidos por los países del Norte de África y Oriente Medio (MENA según sus siglas en inglés) desde 1990 apenas representan un 4.6% del total de flujos a PVD, mientras su Producto Interior Bruto (PIB) representa un 9,5% del PIB de los PVD (o un 1% de los flujos mundiales de capital, frente a un 2% del PIB mundial). En cambio, Asia, Latinoamérica y Europa del Este absorbieron el 75% del capital extranjero a PVD en el periodo 2000-2002. Los países del Este, la otra gran frontera de la Unión Europea, absorbieron un 24% de los flujos de capital hacia países en desarrollo en 2000-2002, lo cual representa un notable aumento de flujos desde el 7,5% que recibían antes del desmembramiento de la Unión Soviética.

Este contraste resulta especialmente señalado en el caso de la IDE. Entre 1995 y 2002, Latinoamérica absorbió un 40% de los flujos de IDE a países en desarrollo, el Este Asiático un 35%, Europa del Este un 16%, y los países de la cuenca del Mediterráneo y Oriente Medio un 2%, un porcentaje inferior incluso al de África Sub-Sahariana y el Sur de Asia. Dichos flujos representan menos de un 1% del PIB de la región del MENA, un porcentaje que oscila entre un 2% y un 4% en el caso de las demás regiones en vías de desarrollo (excepto África Sub-Sahariana, que tan sólo supera ligeramente a la región del MENA).

Dentro de la región del Mediterráneo, la distribución de los flujos de IDE también es bastante dispar. Los principales destinatarios de IDE son: Turquía y Marruecos, seguidos por Siria, Argelia y Egipto. El principal inversor en la región es la Unión Europea, aunque existe un gran contraste entre Turquía, donde la IDE europea representa más del 40% del total de IDE recibido, y las regiones del Maghreb y Mashreq, donde dicho porcentaje se reduce a una media de un 10%. Sin embargo, desde el punto de vista europeo, tan sólo un 2% de la IDE tiene como destino países del Mediterráneo, un porcentaje muy inferior al de otras regiones geográficamente lejanas (un 7.8% del total de IDE europeo tiene como destino el Sudeste Asiático y un 10% Latinoamérica), y relativamente bajo teniendo en cuenta el porcentaje de exportaciones europeas destinadas al Mediterráneo (8%).

La inversión extranjera en el Mediterráneo varía enormemente de año en año dependiendo de las oportunidades de inversión, principalmente ligadas a la adjudicación de licencias de exploración y explotación de gas y petróleo y a privatizaciones. Así, el sector petroquímico en Argelia, Siria y Egipto, y las privatizaciones de entidades públicas en Marruecos y Túnez han absorben la mayor parte de inversión extranjera en estos países. En el caso de Marruecos, Túnez y Egipto, el sector turístico también atrae a inversores privados. En Turquía, existe mayor diversidad en el destino de la inversión extranjera, que está también presente en la industria textil y manufacturera, mientras que en Israel, una gran parte de la inversión extranjera se dirige a la industria de alta tecnología.

Así, la inversión extranjera en los países del Mediterráneo no representa generalmente (excepto quizás en Israel y Turquía) un compromiso a largo plazo que permita incrementar y diversificar su capacidad productiva, lo que contribuiría a un mayor crecimiento económico sostenido a largo plazo.

Aunque la región Mediterránea ha crecido a una media de un 3% anual desde 1990, dicho crecimiento se ha debido principalmente a la fortaleza del precio del crudo, y no a un incremento de la capacidad productiva, como es el caso de Asia (con una tasa media de crecimiento anual de un 7% desde la década de los ochenta) y Latinoamérica (con una tasa de 3.3% en los noventa, comparado con un 1.4% en la década anterior). No hay duda de que, para algunos países productores de hidrocarburos, la riqueza energética está resultando ser esa maldición para el desarrollo económico de la que hablan los economistas, esas lágrimas del diablo a la que se refiere la literatura especializada.

3. OBSTÁCULOS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL MEDITERRÁNEO.

A finales de los ochenta, algunos países de la cuenca del Mediterráneo (primero Túnez, y luego Marruecos y Jordania) iniciaron programas de estabilización económica y reformas para diversificar sus economías y crear un ambiente propicio para el crecimiento de un sector privado que sustituyera al sector público como motor de crecimiento y desarrollo y, de esta forma, superar los problemas macroeconómicos y estructurales que prevalecieron durante la década de los ochenta.

Para finales de la década de los noventa, prácticamente todos los países de la cuenca del Mediterráneo habían iniciado programas de estabilización y reforma económica. Como consecuencia, durante la década de los noventa mejoraron notablemente las condiciones económicas, creando un entorno algo más atractivo para las inversiones. Sin embargo, ni dicho entorno doméstico mejorado ni una situación global favorable para los flujos de capital hacia países en desarrollo (bajos tipos de interés en países industrializados, y comunicaciones y transacciones más eficientes y baratas) han sido suficientes para atraer un volumen significante de capital privado.

En realidad, aunque la región del MENA ha alcanzado en general altos niveles de estabilidad económica (al reducir niveles de inflación y el déficit de cuenta corriente, y al unificar tipos de cambio), ha sido un rezagado en lo que a reformas estructurales se refiere. Las reformas en la región del MENA no se aceleraron hasta la segunda mitad de los noventa, mientras que en Latinoamérica y Asia ya se venían implementando reformas de amplio alcance desde 1985 y 1990 respectivamente. Es más, aunque se pueden observar notables diferencias en cuanto a la velocidad y la intensidad de las reformas de un país a otro en la región Mediterránea, se puede decir que, en general, el ritmo ha sido más lento que en las demás regiones en desarrollo. Las reformas realizadas son más bien tímidas y de maquillaje, con el único objetivo de contentar a la comunidad internacional y reducir la presión ejercida por organismos internacionales y, sobre todo, la UE. En realidad, la voluntad de reforma por parte de una clase dirigente acomodada para la que las reformas suponen una amenaza tanto a su poder como a su bienestar y privilegios, y que opera en presencia de una oposición política prácticamente inexistente, es débil.

Tanto en Latinoamérica (sobre todo en el caso de EEUU-Méjico) como en Asia, los emigrantes han jugado un importante papel en la activación de la IDE y de flujos comerciales y en la aceleración de reformas. En el caso de Asia, por ejemplo, la llamada China del exterior, es decir las comunidades de emigrantes chinos, ha ido construyendo a lo largo de los últimos 200 años un complejo entramado de comunicaciones basado en lazos familiares y en la existencia de una cultura y lengua comunes, formando círculos alrededor de la costa continental china, y conectando dicha costa con el litoral del mar de China y con centros neurálgicos en otros continentes (como por ejemplo, Sydney y Melbourne en Australia, San Francisco en los EEUU o Vancouver en Canadá).

Estas comunidades chinas en el exterior han constituido un importante “patrocinador cultural” de la inversión, el comercio y el desarrollo en su país de origen al establecer entre ellas canales de comunicación y crear un sofisticado sistema financiero (patente en Singapur, Hong Kong y Vancouver), base del crecimiento del comercio internacional chino y de la inversión extranjera, que han encontrado en esta China del exterior la financiación y el know-how de los negocios internacionales, así como los sistemas de distribución imprescindibles para el desarrollo de su industria. Esta red de conexiones económicas y familiares también ha favorecido la aceleración de las reformas legales necesarias para liberalizar la entrada de IDE. En realidad, mucha de la inversión realizada en la China continental proviene de capital doméstico que ha salido de manera ilegal del país para volver a entrar en forma de IDE a través del sistema financiero de la China del exterior y beneficiarse así de las ventajas ofrecidas por la legislación china a la inversión extranjera.

El mundo árabe ha experimentado un fenómeno migratorio parecido, formando importantes comunidades árabes en Occidente, sobre todo en Europa donde han creado activos económicos muy importantes. Sin embargo, a diferencia de otras comunidades de inmigrantes (como la china), la mayoría de los recursos financieros y actividades económicas de la comunidad árabe se dirigen a países industrializados. Así, las comunidades de inmigrantes árabes no se han erigido en “patrocinadores culturales” del desarrollo económico de sus sociedades. La razón fundamental, como muestran una variedad de encuestas realizadas entre la comunidad árabe residente en la UE, es la falta de confianza de estas comunidades en los sistemas políticos y económicos de sus países, particularmente en sus elites dominantes y sus políticas económicas.

En la región Mediterránea no ha sido sólo la inestabilidad política la que ha reprimido la inversión privada, en particular la IDE, sino debilidades de tipo estructural mucho más profundas que han creado un clima de desconfianza general tanto entre los potenciales inversores nacionales (que invierten en las economías occidentales) como entre los extranjeros. Con mercados nacionales de pequeño tamaño, prácticamente nula integración con sus vecinos, sistemas políticos y políticas económicas que inspiran poca confianza, y sistemas financieros poco desarrollados y controlados por el sector público, la región no ofrece ninguna ventaja comparativa atractiva para el inversor, salvo por el sector energético. Los obstáculos mencionados con más frecuencia en la literatura que analiza la IDE en el Mediterráneo, dentro de la que hay que destacar los Arab Human Development Report (2002-2004) publicados por el Banco Mundial, son los siguientes:

-  Instituciones débiles. El marco legal que gobierna la inversión (por ejemplo regulación laboral, regulación corporativa, leyes de la propiedad intelectual) no está suficientemente desarrollado aún, aunque lentamente va mejorando. La administración es frecuentemente percibida como corrupta e ineficiente. De hecho, de acuerdo con Transparency International, el nivel de corrupción en los países de la cuenca del Mediterráneo es relativamente alto. Mientras que el nivel de corrupción es calificado como moderado en Israel, Jordania y Túnez, y preocupante en Siria, Egipto, Marruecos y Turquía, en Argelia, Líbano y Gaza y Cisjordania, el nivel de corrupción es alarmante.

-  Excesiva regulación e intervención estatal, reflejada en un lento proceso de privatización, altos impuestos corporativos (mayores que en Asia y Latinoamérica, por ejemplo), largos procesos burocráticos caracterizados por escasa transparencia para iniciar cualquier actividad económica, etc. Por ejemplo, en Marruecos, uno de los países Mediterráneos que atrae mayor inversión privada, registrar un nuevo negocio requiere más de 20 documentos oficiales y seis meses para su constitución.

-  Mercados financieros insuficientemente desarrollados. Los sistemas financieros en el Mediterráneo siguen siendo predominantemente bancarios y las economías siguen funcionando a través de transacciones en efectivo principalmente. Aunque la capacidad y eficiencia del sistema bancario para transformar depósitos en créditos varían mucho de un país a otro en la región, la orientación predominante (pero en disminución) del sistema bancario hacia el sector público todavía representa un obstáculo importante para inversores privados potenciales.

-  Regímenes de comercio restrictivos, que limitan el acceso a los grandes mercados de consumo de los países más desarrollados en presencia de mercados de consumo domestico bastante limitados, así como el acceso a inputs para la producción. Usando la media de tasas sobre la importación y exportación para medir el nivel de apertura comercial de un país, la región del Mediterráneo y Oriente Medio resulta ser la menos abierta entre los PVD, después del Sur de Asia, con una media de 24%. Latinoamérica, que mostraba tasas más altas en 1985 que los países del Mediterráneo, redujo dichas tasas rápidamente hasta alcanzar un 10% en 1998, un porcentaje ligeramente inferior al del Este Asiático.

-  Restricciones legales a la IDE. Existen aún restricciones a la IDE en muchos países, quizás como consecuencia de la desconfianza existente aún hacia poderes económicos extranjeros debido a la pasada experiencia colonialista de los países del MENA, y a cierto temor a un neocolonialismo.

-  Capital humano inadecuado. Las altas tasas de paro entre jóvenes educados en presencia de escasez de mano de obra en ciertos sectores, apunta a un sistema educativo y de aprendizaje deficiente, que no se adapta a las necesidades reales de la economía. Además, existe muy poco espíritu empresarial en la región. Abundan los “vendedores de alfombras” con una visión comercial a corto plazo, más que el empresario cumplidor y de fiar con una visión industrial a largo plazo. Tanto un mayor aprendizaje vocacional como una educación que incentive un espíritu empresarial son necesarios.

Aunque la solución para superar estos problemas y crear un entorno más atractivo para la inversión privada está principalmente en manos de los gobiernos de los países Mediterráneos, existe un papel muy importante para la AOD, tanto en forma de asistencia financiera como técnica, y para los gobiernos europeos y la UE. Por un lado, porque el Mediterráneo puede beneficiarse mucho de la experiencia europea en cuanto a infraestructuras de transporte, energía y comunicación, y en lo relativo al sistema educativo, y también porque, como se ha mencionado anteriormente, existe otro factor que escapa al control de los gobiernos del Mediterráneo, que es el hecho de que el mundo árabe carece de un “patrocinador cultural”. Las estadísticas reflejan perfectamente la relación existente entre los flujos globales de capital y transferencia de tecnología y la homogeneidad cultural: más de la mitad de los flujos de IDE de Japón a PVD tienen como destino la región del Este y Sudeste Asiático (algo menos de la otra mitad se invierte en Latinoamérica); el 60% de la IDE recibida por China proviene de Hong Kong; dos tercios de la IDE procedente de los EEUU y destinada a PVD se invierten en Latinoamérica (y casi un tercio en Asia); finalmente, Europa invierte principalmente en Europa del Este, y en menor medida en Latinoamérica y Asia.

4. LA COOPERACIÓN EURO-MEDITERRÁNEA

Aunque es la responsabilidad de los países de la cuenca Mediterránea mejorar el clima para la inversión, la UE puede proporcionar una valiosa ayuda a través de la asistencia financiera, pero sobre todo técnica a los países del Proceso de Barcelona para implementar las medidas apropiadas.

El proceso de Barcelona y la Política de Vecindad representan, de hecho, un intento por parte de la Unión Europea de cooperar con sus vecinos del sur para mejorar las condiciones institucionales y así crear un entorno más atractivo para la inversión privada. El proceso de Barcelona, un marco de cooperación (bilateral y multilateral) Euro-Mediterránea, se inició en 1995 con el fin de establecer un área de libre comercio entre la UE y una serie de países Mediterráneos para el 2010. Todos los países del Mediterráneo participantes en el Proceso de Barcelona, excepto Siria, han firmado acuerdos de asociación con la UE que establecen una progresiva reducción de barreras arancelarias y no arancelarias en productos manufactureros y en ciertos servicios de acuerdo con calendarios negociados entre ambas partes. Además de la liberalización comercial, el Proceso de Barcelona también incluye aspectos económicos y financieros, entre los que se encuentra la promoción de la IDE en los países del Mediterráneo.

El objetivo ultimo del Proceso de Barcelona es el de guiar y apoyar a los países del Mediterráneo en la transición de un sistema económico basado principalmente en la iniciativa publica y en una política de sustitución de importaciones a un sistema abierto basado en la iniciativa privada y en el fomento de las exportaciones. La piedra angular de un sistema abierto es la existencia de IDE, que no es posible sin la creación de un entorno adecuado y sin superar los prejuicios contra la presencia extranjera en la economía. El instrumento más importante para la promoción de IDE en la región del Mediterráneo ha sido el “Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership” (FEMIP) del Banco Europeo de Inversiones (BEI), instrumento que, fundado en 2002, pretende promocionar el crecimiento económico a través de la inversión en infraestructura y, particularmente, en el desarrollo del sector privado mediante la asistencia financiera y técnica.

El Proceso de Barcelona recibió un nuevo ímpetu en junio de 2003, cuando el Consejo Europeo aprobó una propuesta de la Comisión Europea para crear una nueva “Política Europea de Vecindad” (ENP por sus siglas en inglés) que, aunque conlleva el peligro de “desmediterranizacion” de la política comunitaria hacia el Sur al estar dirigida a todos los países vecinos sin derecho de integración en la UE, fortalece los objetivos de Barcelona, al ofrecer puntos de referencia e incentivos para su implementación. La ENP prevé una mayor integración a nivel económico, incluyendo la integración en el mercado interior comunitario y mayor asistencia financiera y técnica. La herramienta principal son los llamados “Planes de Acción”, conjuntamente acordados en base a valores e intereses mutuos, que incluyen objetivos y acciones en las áreas de estabilización económica y reformas estructurales, para permitir una armonización progresiva de la legislación y estándares con la UE. Su carácter bilateral permite “personalizar” la política comunitaria hacia el Mediterráneo estableciendo objetivos y puntos de referencia para llevar a cabo las reformas macroeconómicas y estructurales necesarias adaptadas a la situación, circunstancias y nivel de progreso de cada país. Es precisamente esta característica de la ENP la que diferencia este marco de cooperación del previamente existente, y que puede proporcionar un empujón a la inversión privada en las economías del sur del Mediterráneo.

De hecho, los productos industriales originarios en países del sur del Mediterráneo disfrutan de libre acceso al mercado comunitario desde hace 25 años. Por ello, a corto plazo, un simple tratado de libre comercio no supondría un cambio notable en la demanda de productos industriales. En cuanto a los productos agrícolas, hay que tener en cuenta que el artículo 2 de la Declaración de Barcelona excluye los productos agrícolas y que la UE, a remolque de los acuerdos de la OMC, se ha resistido hasta ahora a la liberalización de estos mercados (tan solo ha aceptado una liberalización muy progresiva de tasas). En cualquier caso, la mera liberalización del comercio de productos agrícolas tampoco supondría un cambio significativo, pues beneficiaría principalmente y casi únicamente a Marruecos, el mayor productor agrícola de la región, e incluso podría tener efectos negativos para algunas economías mediterráneas. Seria pues necesario diseñar un Pacto Agrícola Mediterráneo para llevar a cabo tal liberalización.

Más que las barreras arancelarias son las no arancelarias, derivadas de la falta de homogeneidad legislativa (por ejemplo, en cuanto a estándares y conformidad y protección del consumidor), las que representan un mayor obstáculo para las exportaciones Mediterráneas hacia la UE. Los complejos procesos aduaneros también dificultan considerablemente el comercio con la UE, probablemente incluso más que las otras barreras no arancelarias. La eliminación de todas estas barreras mediante la adopción de la normativa del mercado interior comunitario sí que afectaría positivamente a la demanda de productos Mediterráneos competitivos y de calidad. Estas mejoras podrían abrir oportunidades para la IDE en los países del Sur del Mediterráneo.

En cuanto a los servicios, una liberalización del comercio exigiría la liberalización previa de flujos de capital para permitir la libre inversión cuando la naturaleza de los servicios implique la presencia comercial en el país. La liberalización de capitales, a su vez, requiere la presencia previa de una política económica equilibrada y prudente, así como la implementación de una serie de amplias reformas estructurales con el fin de reducir el riesgo de crisis financieras y evitar los posibles efectos negativos en la economía.

Así pues, la UE podría ayudar a impulsar la inversión privada en el Mediterráneo proporcionando asistencia financiera y técnica para el diseño y la implementación de las reformas estructurales adecuadas y de un marco regulatorio acorde con los estándares de la UE, así como mecanismos de control. El éxito de la ENP dependerá fundamentalmente de la capacidad de la UE de ir más allá de una mera liberalización del comercio y de cooperar con el Mediterráneo para crear un entorno propicio para la inversión y el desarrollo de un sector exportador competitivo. Pero, de nuevo, será necesaria también la voluntad de las elites gobernantes en el Mediterráneo para llevar a cabo las reformas necesarias. En alguna ocasión se ha culpado a la política regional de la UE por la falta de IDE en los países árabes del Sur del Mediterráneo. Si bien es cierto que la política regional comunitaria podría incentivar la inversión europea en el Mediterráneo dando ventajas de algún tipo, no parece que los bajos porcentajes de IDE en el Mediterráneo puedan cambiar bruscamente en respuesta exclusivamente a este tipo de políticas.

Existen otros actores exteriores en el Mediterráneo además de la UE. EE.UU. ha firmado acuerdos de libre comercio con Marruecos, Túnez y Jordania y en el futuro lo hará con otros países mediterráneos. Además, con el Acuerdo de Agadir se ha dado un primer paso hacia la integración Sur-Sur, que experimentara otro paso importante en 2010 con la creación del Área de Libre Comercio Euro-Mediterránea planteada por el Proceso de Barcelona. Todos estos acuerdos podrían constituir un atractivo adicional para la IDE si se crearan las condiciones de confianza necesarias que demanda este tipo de inversión.

En cualquier caso, las reformas necesarias en las economías del Mediterráneo para activar la IDE, como se verá más adelante, son numerosas y conllevan un plazo de ejecución largo. A más corto plazo existen otras opciones para fomentar una inversión privada que incrementaría, no sólo la confianza del inversor extranjero en las economías del Mediterráneo como destino de inversión, sino la formación de canales de comunicación y distribución esenciales para atraer dicha inversión privada extranjera. Una opción a considerar son las remesas de emigrantes como fuente de financiación de inversión privada a corto plazo y la creación de canales de distribución, que pasamos a analizar a continuación.

5. REMESAS DE EMIGRANTES

Las remesas enviadas por trabajadores extranjeros en países industrializados hacia sus países de origen han aumentado de forma continua en los últimos 30 años. A una tasa de crecimiento de un 7% han pasado de 67,7 millardos de dólares en 1999 a 93 millardos en 2003 (tabla 2) y unos 100 millardos en 2005, convirtiéndose en el segundo flujo internacional de capital más importante tras la IDE, y representando más de un 1% del PIB de PVD.

En términos relativos, sin embargo, las remesas son más importantes para los países del Mediterráneo. Representan cerca de un 3.5% del PNB (hasta un 8% en Marruecos y 5% en Túnez) y un 11% del déficit de la balanza comercial (en Marruecos representan dos tercios del déficit y en Túnez un tercio), porcentajes superiores a otras regiones en vías de desarrollo. También el ratio respecto a otros flujos de capital es mayor que en el resto de las regiones en vías de desarrollo y, mientras que las remesas no superan los flujos de IDE globalmente, en el Mediterráneo ocurre lo contrario. En Jordania, por ejemplo, las remesas son nueve veces mayores que la IDE y seis veces mayores que la ayuda oficial al desarrollo. Además, el volumen de remesas recibidas representa más del triple de los ingresos por turismo, y un 75% de ingresos por exportaciones. Incluso en el caso de Túnez, donde el turismo contribuye a un mayor porcentaje del PIB, las remesas representan hasta un 50% de los ingresos por turismo.

De hecho, cinco países Mediterráneos, Marruecos, Egipto, Líbano, Turquía y Jordania, están entre los diez mayores receptores de remesas destinadas a PVD. Las remesas son especialmente importantes en términos de PIB en Líbano, Marruecos y Jordania.

El volumen total de remesas con destino al Mediterráneo es oficialmente de unos 13 millardos de dólares, lo que representa un sexto de las remesas globales a países en desarrollo. El volumen real, sin embargo, es probablemente muy superior, ya que se estima que los flujos de capital no registrados, es decir las remesas enviadas a través de canales informales (en efectivo o en forma de mercancías transportados personalmente, a través de familiares, amigos o mensajeros, por ejemplo) varían entre un 50 y un 100 por cien del volumen oficialmente estimado (dependiendo del país).

Una gran parte de estas remesas procede de la UE, el destino de un alto porcentaje de emigrantes debido a la proximidad geográfica (desde un 85% en Marruecos y Túnez, hasta menos de un 15% en Egipto que, al igual que el Líbano y Jordania, recibe la mayoría de las remesas de los EEUU y del Golfo). El volumen de remesas que parten de la UE con destino a los países del Mediterráneo seguirá aumentando en el futuro debido a varios factores: por un lado, el progresivo proceso de liberalización de capitales en que se encuentran inmersos varios de los países, por otro lado, el continuo aumento de la población activa (por la incorporación al mercado de trabajo de una población marcadamente joven y del sector femenino de la población) y, finalmente, un cambio en el destino de emigrantes procedentes del Maghreb y Mashreq de los países del Golfo Pérsico a la UE motivado por una situación demográfica y laboral similar en el Golfo.

Sin bien es cierto que el propósito de gran parte de las remesas de emigrantes es simplemente incrementar la capacidad de consumo de familia o amigos en el país de origen del emigrante, lo cual tiende a agravar la balanza comercial al aumentar la demanda de bienes importados, al menos una parte de las remesas se destina a incrementar capital físico (a través de la inversión en pequeños negocios o en el mercado inmobiliario) o a incrementar el capital humano (a través de la inversión en educación y sanidad), inversiones que tienen un efecto positivo sobre el desarrollo y crecimiento económico del país. Tal efecto sobre el crecimiento y desarrollo del país es más acusado cuando el emigrante participa activamente en los proyectos de inversión o en la creación de redes comerciales entre el país de origen y destino, dando lugar a la transferencia de conocimientos y tecnología a la economía doméstica. Pero incluso cuando las remesas se destinan totalmente al consumo, está demostrado que tienen un efecto multiplicador sobre la economía, a parte de aumentar las posibilidades del receptor de acceder a créditos bancarios, incrementando su capacidad para invertir.

En Marruecos existe evidencia de que las remesas han jugado un papel importante en el desarrollo de infraestructuras en algunas áreas rurales, en la construcción y en la formación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Tradicionalmente, la inversión en formación de empresas se ha realizado en el sector servicios (servicios de taxi, pequeñas cafeterías y teterías, restaurantes y hoteles). Sin embargo, en los últimos años las inversiones financiadas con remesas han incluido nuevos y modernos métodos y tecnologías para la explotación agrícola y ganadera, la creación de nuevos establecimientos de procesamiento de comida y de materiales de construcción, y la gestión de parte del sistema de trasporte público. La labor de las ONGs en el fomento de este tipo de inversión a través de micro-créditos y asistencia técnica ha sido importante en los últimos anos.

En Egipto, la evidencia demuestra que la mitad de las remesas se invierte en el mercado inmobiliario, y al menos un 10% se invierte en la creación de nuevas empresas. En Túnez, las remesas financiaron la creación de unos 4.000 nuevos proyectos empresariales y 20.000 nuevos puestos de trabajo entre 1993 y 1999. Dicha inversión, sin embargo, tan sólo representó el 2,7% de las remesas recibidas durante este periodo, lo cual demuestra el gran potencial que ofrece esta fuente de capital “extranjero”. En Turquía, estudios sobre emigrantes retornados demuestran que más de la mitad se encuentra en activo ejerciendo alguna actividad de tipo empresarial.

Sin embargo, según muestran algunas encuestas entre comunidades de inmigrantes en países de la UE y procedente del sur del Mediterráneo, muchos aún perciben la inversión en su país de origen como difícil y poco atractiva debido al lento proceso burocrático, la falta de transparencia y un entorno general para la inversión bastante desfavorable, situación que, de hecho, ha llevado a algunos inversionistas a cerrar sus negocios. Si esta es la opinión de los emigrantes, no es de extrañar que el inversor extranjero también tenga una percepción negativa de las economías del Mediterráneo como destino de inversiones. Es precisamente esta percepción por parte de los mercados de capitales mundiales la que hay que cambiar para que la IDE fluya hacia el Mediterráneo.

6. CÓMO FOMENTAR LA INVERSIÓN PRIVADA

El proceso de Barcelona representa la puesta en práctica de la Política Mediterránea de la UE en las últimas décadas, cuyo objetivo ha sido crear un espacio mediterráneo de estabilidad y prosperidad a través del desarrollo económico de la orilla Sur del Mediterráneo. Hoy en DIA, tal desarrollo no puede tener lugar sin una IDE que trae consigo tecnología, organización y canales de distribución, permitiendo integrar a las economías receptoras en el proceso de globalización y en la economía mundial. Por ello, la ENP trata de reactivar el proceso de Barcelona y hacer un mayor hincapié en medidas y reformas que van más allá de la liberalización del comercio para fomentar la inversión.

La falta de expectativas económicas hasta el momento se ha traducido en un continuo flujo de inmigración que ha creado una sociedad islámica en Europa. Desgraciadamente, esta sociedad islámica se encuentra muchas veces concentrada en zonas subdesarrolladas, pobres y marginadas de las grandes ciudades europeas, donde se esta creando una nueva frontera entre la sociedad occidental y la islámica. Esta situación puede dar lugar a una situación conflictiva (como muestran los recientes disturbios en algunas grandes ciudades europeas) al reclamar sus derechos unos jóvenes de origen magrebí que forman parte de esta sociedad islámica europea y que poseen, no solo un pasaporte europeo, sino también una educación europea pero que, sin embargo, se sienten excluidos de algunos de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano europeo, como es el derecho al trabajo al ser discriminados en el mercado laboral. Estas nuevas fronteras culturales en las diferentes ciudades europeas están relacionadas entre si étnica y culturalmente y representan, por lo tanto, un desafió al que la UE en su conjunto tendrá que hacer frente, y para el que no existe una política común.

Para hacer frente a dicho desafió, la UE necesita la colaboración de las elites gobernantes de la ribera Sur del Mediterráneo para que introduzcan las reformas necesarias para permitir una apertura de sus sistemas económicos y la participación de sus sociedades en los órganos de gobierno de sus sistemas políticos. La preocupación de la UE por una potencial situación conflictiva y de inestabilidad no solo en sus fronteras sino también en su interior, y el hecho de que las elites políticas del Sur no hayan hecho mas que introducir tímidas reformas de maquillaje ha llevado a la UE a tomar una serie de medidas como anunciar en Luxemburgo en abril de 2005 su deseo de empezar un diálogo con una oposición islamista moderada fuertemente arraigada y con una amplia base electoral, que podría llegar al poder de manera legítima a través de elecciones (como en Turquía, donde ha demostrado ampliamente su voluntad de reforma). también por ello, la UE esta tratando de revitalizar el Proceso de Barcelona lanzando una nueva política de cooperación con un carácter mas individualizado e incentivador (el objetivo de los Planes de Acción), y llevando a cabo numerosas iniciativas de cooperación con el Mediterráneo en diversas áreas.

Existen numerosas áreas en las que la UE puede cooperar con el Mediterráneo para impulsar la inversión extranjera y su desarrollo a través de su asistencia financiera y técnica tanto a corto como a medio y largo plazo.

A un plazo más o menos largo, la UE puede apoyar a los países mediterráneos a mejorar el entorno para la inversión a través de la asistencia financiera y técnica del Banco Europeo de Inversiones y agencias de cooperación para:

-  Mejorar el marco legal de la inversión incluyendo: regulación laboral y corporativa, propiedad intelectual, tratamiento fiscal de la empresa, sistema judicial rápido, fiable y transparente.

-  Establecer programas de formación conjuntos con países de la UE para formar un equipo de funcionarios profesionales competentes y eficientes y mejorar la gestión y administración públicas.

-  Eliminar barreras no arancelarias, incluyendo la adopción de procesos aduaneros rápidos y eficientes, adaptación de una normativa relativa a estándares y protección del consumidor homogénea respecto a la comunitaria.

-  Diseñar un sistema educativo que se ajuste a las demandas de la economía, y promocionar los programas de formación profesional, vocacional y empresarial.

-  Mejorar las infraestructuras física e institucional.

-  también el Banco Central Europeo puede desempeñar un papel importante intensificando el marco de cooperación y los programas de ayuda técnica con los bancos nacionales del Mediterráneo para desarrollar sistemas financieros más sofisticados y eficaces a la hora de desempeñar su función de intermediarios financieros y canalizar los recursos financieros hacia la inversión privada.

De manera más o menos inmediata pueden implementarse medidas mas concretas y que, quizás, no precisen procesos burocráticos, de aprendizaje y de implementación tan largos, ni se enfrenten con la fuerte resistencia de las elites a perder los privilegios que el sistema institucional actual les garantiza. A corto plazo resulta necesario fomentar el desarrollo en zonas rurales y en las zonas marginales de ciudades en las que el paro alcanza a un 40-50% de la población activa.

-  Por un lado, es importante fomentar la autoestima entre una población bastante joven y frustrada por la falta de trabajo y de un futuro digno. ONGs europeas, apoyadas por programas MEDA, podrían crear y desarrollar programas de formación profesional (para formar, por ejemplo, a agricultores, expertos en plagas, en reparación de maquinaria agrícola, pequeños empresarios, etc.), así como líneas de crédito para ayudar a aquellos en zonas rurales y marginales a financiarse una formación profesional que les permita ver un futuro diferente, en el que no tengan que depender de los demás para salir adelante. Para cubrir las necesidades a corto plazo, evitar altos costes fijos para el proveedor de la formación y facilitar el acceso a aquellos sin recursos económicos que residen en áreas rurales distantes, no seria necesario construir escuelas con toda la estructura administrativa que ello exige, sino que bastaría con diseñar programas de formación “móviles”, en los que los instructores se trasladarían temporalmente (unas semanas) en camiones a las diferentes zonas rurales y marginales. Para formar a técnicos a un nivel más alto (técnicos, en lugar de agricultores), podrían, mas adelante, fomentarse acuerdos entre centros de formación profesional y universidades mediterráneas y europeas, o la creación de un instituto de formación de técnicos agrarios.

-  también resulta esencial la participación de instituciones de micro-crédito dirigido a sectores con alguna ventaja comparativa, principalmente en zonas rurales para, por ejemplo, fomentar la creación de cooperativas agrícolas (que permitirían la adquisición de inputs y una comercialización mas económica y eficiente), industria agroalimentaria; turismo rural, verde, cultural; textiles y arte popular. Algunas de estas actividades también podrían beneficiarse de la financiación procedente de las remesas de los emigrantes, así como de la presencia de los mismos en los mercados europeos, al crear en cooperación con los emigrantes canales de distribución comercial entre el Mediterráneo y Europa. Seria interesante también reproducir en estas áreas de actividad en el Mediterráneo la exitosa experiencia de transmisión de know-how que tuvo lugar en la Europea del Este, donde se ofrecieron oportunidades laborales a jubilados europeos y americanos para transmitir sus conocimientos a la población local.

-  Para impulsar la creación de canales comerciales y un sistema de distribución comercial que active la exportación los países de la UE deben fomentar la creación de asociaciones de inmigrantes, y los gobiernos tanto europeos como mediterráneos deben fomentar la cooperación entre estas asociaciones de inmigrantes y entidades financieras (incluyendo agencias de micro-crédito) y las administraciones locales en el país de origen.

-  La promoción de medios de transferencia formales para las remesas de emigrantes es importante para aumentar los recursos financieros disponibles para la inversión. Además, permitiría una mejor recolección de datos e información sobre el volumen, características y destino de las remesas, factor esencial para el diseño de las políticas y mecanismos más apropiados para aumentar su impacto en la inversión; desarrollar los sistemas financieros al aumentar la demanda de nuevos instrumentos por parte de una mayor clientela receptora de remesas (préstamos para educación, hipotecas, productos de ahorro, créditos para inversión, etc.), lo cual permitiría una intermediación más efectiva y eficiente de este flujo de capital; aumentar el valor crediticio del receptor de las remesas, incrementando así su capacidad para invertir. Para ello, bancos centrales de ambas orillas del Mediterráneo deben cooperar en un marco multilateral de discusión para:

-  Eliminar las ineficiencias de los sistemas bancarios, simplificando unos procedimientos que encarecen el servicio (tanto en los países remitentes como en los destinatarios).

-  Apoyar la integración y modernización de la infraestructura financiera ligada a las remesas. En la actualidad, las principales instituciones bancarias y no bancarias que intervienen en la transferencia de las remesas, usan su propio y costoso sistema de transferencia. La integración de los diferentes sistemas en uno sólo, por ejemplo la creación de un mecanismo de cámara de compensación, reduciría el coste enormemente.

-  Promover la competencia en el sector ayudando a nuevos agentes a superar las barreras de entrada que supone el alto coste fijo asociado a la extensa red internacional necesaria. Por ejemplo, impulsando la asociación de pequeños agentes con grandes bancos internacionales para usar sus redes de oficinas para transferir remesas; relajando las normas que restringen la posibilidad por parte de instituciones de transferencia de dinero locales de cooperar con bancos extranjeros, ya que no todos los bancos nacionales con presencia internacional tienen oficinas en todas las áreas de destino de las remesas; o fomentando el uso de instrumentos de transferencia innovadores.

-  Proporcionar mejor acceso a servicios bancarios y financieros en general a los inmigrantes para permitir la distribución de los costes fijos entre un mayor número de usuarios, y así abaratar el servicio de transferencia.

-  Crear un marco regulador claro y simple para integrar en el sistema formal de transferencias a los proveedores no oficiales. Dicho marco podría incluir un proceso de solicitud de apertura, chequeos, controles y mecanismos de sanción. Un marco regulador efectivo requiere supervisores cualificados con la capacidad y los recursos para ejercer tal supervisión y cumplimiento, lo cual puede suponer un elevado coste financiero y administrativo, que encarecería el servicio, produciendo el efecto contrario al deseado (un mayor uso de medios de transferencia formales). La ayuda financiera de la UE, pero sobre todo asistencia técnica, puede contribuir a aliviar cualquier efecto negativo sobre el coste de transferencia de remesas y sobre el incentivo para proveer tal servicio por parte de los proveedores.

Asimismo, para incrementar el porcentaje de remesas destinadas a inversión, es necesario:

-  Fomentar la cooperación entre gobiernos locales, proveedores de servicios de transferencia de remesas, la sociedad civil (incluyendo asociaciones de emigrantes y ONGs de desarrollo) y entidades financieras locales (incluyendo instituciones de micro-crédito, entidades de crédito y de desarrollo) para canalizar las remesas hacia proyectos de desarrollo económico.

-  Mejorar la eficiencia de mercados financieros en las economías receptoras para permitir una mejor intermediación y un uso más eficiente del capital.

-  Crear un entorno más favorable para la inversión, que incluye la mejora de infraestructura física e institucional y de la gestión y administración pública para facilitar el desarrollo de mercados eficientes y proteger a los inversores sin obstaculizar su actividad; incentivos para PYMES, etc.

-  Fomentar cursos de desarrollo empresarial entre inmigrantes en el país de residencia para incrementar su capacidad emprendedora y dotarle de conocimientos necesarios para realizar inversiones a su vuelta al país de origen ya sea temporalmente o de forma permanente.

-  Crear programas de formación profesional en países de origen y destino de emigrantes para incrementar el espíritu empresarial de jóvenes emigrantes y para incrementar la probabilidad de éxito de inversión en país de origen.

UN PROYECTO DE LA CARTA MEDITERRÁNEA: EL CLUSTER NORTE MARRUECOS-ANDALUCÍA

Una propuesta concreta a medio plazo para fomentar la inversión y el desarrollo económico e industrial en las zonas de mayor paro en Marruecos, y que integra varias de las sugerencias hechas en este ultimo apartado, consistiría en la creación de un cluster económico en la línea fronteriza España/Marruecos, Norte de África-Andalucía, dirigido por alguna institución localizada en la región andaluza con estrechas relaciones con la Comisión y el Parlamento Europeos.

Un cluster de desarrollo requiere una estructura está formada por un trigger (motor), una comunidad académica y un conjunto de empresas, apoyada por una red de servicios adecuados.

El motor o trigger ha de tener un carácter político que, dadas las características de la zona en que se tiene que desarrollar, podría ser tripartito (Marruecos-España-UE) y podría ser un proyecto iniciado por el nuevo organismo del BEI dedicado al Mediterráneo y encajado en el Proceso de Barcelona y en la Política Europea de Vecindad.

El papel de la comunidad académica, que también debería tener un carácter tripartito, sería por un lado proporcionar la educación y formación de la mano de obra especializada para el desarrollo del cluster (núcleo duro) y, por otro, formar un espacio de cooperación entre la comunidad académica y la empresa al actuar como centro de investigación y consultoría, y realizar una labor spin-off por medio de la creación de un centro de “incubación de ideas y empresas”. Para realizar todas estas tareas resulta imprescindible la localización en centros de investigación donde la relación académica-empresarial sea intensa, como en comunidades académicas dedicada a la aplicación del conocimiento (centro de aplicación del conocimiento). Este centro podría también actuar como centro de difusión de información sobre oportunidades de inversión en sectores del cluster con cierta ventaja comparativa (como el sector de la agroalimentación ya mencionado). Las labores de consultoría y difusión de la información, importante para atraer a los actores económicos y empresas, también podría contar con ONG’s formadas por expertos jubilados con experiencia en la zona y en la materia, como ha ocurrido con éxito en los procesos transformación de algunas economías de Europa del Este.

El primer paso del proceso de creación del cluster, que tendría que realizar el motor o trigger, seria realizar un análisis de las necesidades y ventajas y oportunidades de la zona del cluster, establecer etapas y objetivos estructurados de acuerdo a un calendario. Es decir, tendría que redactar una hoja de ruta que comprometiera y responsabilizara a los diferentes actores a cumplir las tareas que se le asignan en un tiempo determinado.

El paso siguiente seria el diseño de una estrategia para atraer a socios y actores que ayuden a alcanzar los objetivos que se han priorizado. Es importante que tal estrategia no se diseñe como un instrumento de intervención, tan sólo ha de asegurarse de que los organismos de mercado y administrativos funcionen con eficacia, evitando cualquier atisbo de corrupción. Dicha estrategia tendría que diseñar mecanismos para integrar la actividad económica del cluster en las cadenas de distribución globales para permitir la distribución de sus productos en los mercados mundiales. Asimismo, el plan estratégico tendría que dictar unas normas coherentes con los objetivos marcados por las políticas comunitarias, con el objetivo de implementar el acervo comunitario y con los proyectos comunitarios diseñados para la promoción de la actividad económica en las zonas fronterizas.

El papel del trigger seria fundamental también a la hora de proporcionar la educación adecuada a la mano de obra; crear un entorno adecuado para la atracción de socios y actores, es decir, proporcionar un marco jurídico transparente, una legislación de derechos de la propiedad clara y efectiva, y un sistema financiero con regulador neutral eficaz; cambiar la mentalidad predominante y alimentada por la actitud paternalista del Estado en los países mediterráneos para que sea la iniciativa privada la que se convierta en la locomotora económica; renovar y expandir las infraestructuras necesarias, incluyendo la infraestructura de la educación básica y secundaria en su parte técnica.

El cluster habría también que complementarlo con un plan de ordenación del territorio donde planificación urbana y desarrollo rural tengan un tratamiento global e integrado con una red nacional y eficiente de transportes para facilitar su accesibilidad. El desarrollo rural podría ser financiado en parte a través de un sistema de micro-crédito para el establecimiento de una pequeña y mediana industria y proveedor de servicios concebidos por la labor incubadora y de spin-off de los centros de conocimientos del cluster. Este desarrollo rural ayudaría a la estabilización de la población en el cluster y a la lucha contra la pobreza. La planificación urbana podría racionalizar los servicios urbanos y crear economías de aglomeración.