La situación de las mujeres argelinas

Comunicación de Karima Benyelles

 

Jornadas "Mediterráneas del 2000: los derechos de las mujeres y la democracia: un combate índivisible y único" Argel, 8 de marzo de 2000 - Traducción Begoña San José para Mujeres en Red

La autora analiza la evolución de la situación de la mujer argelina en el empleo y la participación política desde la independencia (1961) a nuestros días, destacando el retroceso sufrido en la última década (década en que más de 60.000 argelinos han muerto víctimas de la violencia y más de 5.000 mujeres han sido sometidas a violación como arma de guerra) al descender la escolarización de las niñas y la tasa de actividad laboral femenina, así como la presencia de mujeres en el parlamento, que llegó a ser del 0% en las elecciones ganadas por el FIS en 1991, cuando se autorizó la delegación del voto femenino en los hombres de la familia.

Sin tener la pretensión de presentar todos los problemas que afectan a las mujeres argelinas, voy a señalar algunos indicadores de la evolución de su situación desde la independencia, y plantear algunas cuestiones como pistas de reflexión para nuestro debate. La condición de la mujer es la conjunción de factores económicos, sociales, culturales y políticos, insertos en el desarrollo humano del conjunto de la sociedad, con avances y retrocesos. La condición de la mujer es un indicador importante del nivel de una sociedad.

La aspiración de sociedades en vías de desarrollo, como la argelina, no es la únicamente la búsqueda del bienestar material en una carrera desenfrenada hacia el crecimiento económico, sino una búsqueda de mejores condiciones sociales (en especial del nivel educativo), el acceso a las libertades públicas y sobre todos la lucha contra las desigualdades sociales, entre las cuales la más patente es la discriminación de las mujeres respecto a los hombres.

Es la búsqueda del respeto a los derechos, la igualdad y el respeto a la dignidad de la persona el motor del desarrollo humano de nuestra sociedad.

En el momento de la independencia, la población argelina, en gran parte rural, se encontraba en una pobreza extrema, un paro endémico, altas tasas de analfabetismo y condiciones de vida muy penosas. El acceso a mejores condiciones de vida, la lucha contra la segregación y la exclusión y la igualdad de derechos han constituido las reivindicaciones naturales de la larga guerra de independencia.

En ese contexto, podemos señalar una primera etapa, durante los años 60 las mujeres sufrían especialmente el analfabetismo: menos del 14% estaban alfabetizadas, frente al 38% de los hombres. Sólo el 37% de las argelinas de 6 a 15 años accedían a la escuela, frente al 57% de los chicos. Sobre esta base, el acceso de las mujeres al empleo era necesariamente muy limitado.

Sin embargo, es importante resaltar la existencia de un trabajo femenino informal, no remunerado o sub-remunerado, ejercido en condiciones penosas tanto en la agricultura como en la artesanía. Desgraciadamente hay muy pocos datos disponibles para analizarlo.

Las mujeres tomaron conciencia de esta situación de debilidad y vulnerabilidad desde los primeros años de la independencia, implicándose sin reservas en la guerra de liberación a todos los niveles, a lo que los poderes públicos respondieron con un esfuerzo especial en materia de escolarización.

Así podemos considerar un segundo período, en los años 70, caracterizado por la mejora de la condición social de las mujeres, especialmente en la educación, que constituye un motor de transformación. A pesar de ello, la Oficina Nacional de Estadística cifra la población femenina sin instrucción en los años 1987-1989 en más del 50%.

En materia de empleo, el número de mujeres ocupadas tuvo un incremento moderado seguido de una aceleración hacia 1977, aunque el total de mujeres empleadas sigue siendo bajo, ya que en 1987 no constituían más que el 10% del total de la población activa, proporción que se mantiene desde entonces, según las Encuestas de Población Activa de 1989 y 1990.

Aunque la cifra absoluta de mujeres activas no cesa de crecer, la Tasa de Actividad continúa siendo muy baja, haciendo resaltar la diferencia entre el potencial de fuerza de trabajo femenina y su escaso reconocimiento social.

Destacan también las pequeñas variaciones de Tasas de Actividad por grupos de edad, lo que se traduce en el débil impacto sobre la situación social de la mujer de los cambios socioeconómicos del país.

El entorno familiar, y sobre todo matrimonial, ejercen una influencia importante. En 1989 la proporción de mujeres solteras empleadas era del 59%, frente al 31% de las casadas y el 10% de las viudas.

La mujeres ocupadas lo son mayoritariamente como asalariadas del sector servicios (95%). En 1980 casi un tercio -el 28%- trabajaban en la enseñanza primaria y otro 21,8% en la administración o la sanidad. 17% trabajaban en empleos poco cualificados y una proporción ínfima en la industria.

La evolución del empleo femenino confirma esta concentración en los servicios y particularmente en la educación y la sanidad, mientras que el empleo industrial baja del 17,4% en 1977 al 11% en 1990. El 90% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector público.

Otra característica de la actividad femenina es su grado de instrucción: el 82% de las ocupadas han seguido su escolarización y entre ellas el 32% tienen estudios superiores, 28% estudios secundarios, 14% medios y 8% primarios.

Tras este segundo periodo de mejora del empleo femenino le sigue una tercera etapa, a partir de los años 90, caracterizada por un retroceso social. La crisis multiforme del país repercute especialmente en los sectores más vulnerables, aunque constituyan la mitad de la población, como las mujeres.

Paradójicamente en este período se desarrolla una conciencia aguda de los problemas de la mujer y un crecimiento de su movimiento asociativo, a la vez que el retroceso en la segregación social, profesional y política.

La segregación social. Indudablemente consagrada por el Código de Familia, sometiendo a la mujer a una ambigüedad, a un doble lenguaje jurídico. Mientras la Constitución consagra la igualdad de sexos y eleva a la mujer a la plenitud de la ciudadanía, el Código de Familia inserta sus raíces en una visión tradicional, reductora de la libertad y la dignidad de la mujer. Esta ambigüedad jurídica es el reflejo de las confrontación entre las corrientes "moderna" y "tradicional" de la sociedad argelina.

La corriente "tradicional" se basa en una lectura rígida y deformante de la religión, anclada en prácticas feudales, reduciendo a la mujer a la minoría de edad durante toda su vida, sin el derecho a disponer de su existencia (derecho al divorcio) y sometida al ataque a su dignidad que representa una poligamia arcaica.

Tampoco la familia es protegida, al someter a los hijos a las peores condiciones en caso de divorcio, pues la mujer, incluso cuando se le asigna la guarda de los hijos menores, no tiene derecho al domicilio conyugal.

De otra parte la crisis económica refuerza también la segregación, pues las primeras víctimas del aumento del paro son las mujeres.

1.- Desde el punto de vista de las mentalidades, en este periodo de incremento de las tasas de paro, las mujeres -especialmente las que acceden a su primer empleo- son presentadas como "ladronas de empleos" de los hombres jóvenes, a quienes se considera ha de darse prioridad como futuros "cabezas de familia". Esta visión se exacerba por el ascenso del integrismo que hace de este tema bandera de su propaganda. En consecuencia, las mujeres en la Población Activa bajan del 12,30% en 1991 al 11% en 1992.

2.- El segundo problema, poco tratado por los poderes públicos a pesar de que hay manifestaciones de algunas asociaciones, es el descenso de la escolarización femenina al no afrontar la familia los gastos inherentes a su escolarización. Las niñas de familias numerosas, aún teniendo buen rendimiento escolar, son sacadas de la escuela para asignar los recursos familiares a la educación de sus hermanos varones. Incluso son las niñas, las que presionadas por la mentalidad tradicional, sacrifican su derecho a la educación asumiendo que la escuela y el trabajo son accesorios en su vida, mientras que lo esencial es su papel de esposa y madre.

3.. Mientras las infraestructuras escolares se van deteriorando, especialmente en las zonas rurales, muchos niñas y niños en edad escolar quedan fuera de la escolarización gratuita y las niñas son las primeras que sufren la exclusión.

4.- Por último las mujeres son más afectadas por el paro debido a su menor posibilidad de reconversión profesional y su menor movilidad geográfica debido a los prejuicios sociales.

La segregación profesional. Desgraciadamente es uno de los rasgos desempleo femenino en el mundo. La persistencia de los estereotipos masculino y femenino afecta tanto a la educación como a las oportunidades de formación y promoción profesional, perpetuando la segregación de las mujeres en el empleo.

Los principios jurídicos del derecho de función pública consagran la igualdad de remuneración y de promoción, e incluyen disposiciones específicas para la conciliación de la vida laboral y familiar (permiso de maternidad, reducción de jornada, permisos para atención a los hijos...) pero la realidad es la de la desigualdad de hecho, sin que la igualdad legal impulse el cambio de mentalidades y comportamientos sociales, familiares y en el trabajo. Puede más el sistema patriarcal de organización, con rasgos feudales, que sigue asignando a las mujeres el cuidado de la familia y a los hombres su mantenimiento económico. De ahí que las mujeres se concentren en las categorías poco cualificadas, con una remuneración que sólo alcanza el nivel de "salario de apoyo".

La igualdad en el sistema de promoción interna es virtual. Los empleadores desconfían de la productividad de las trabajadoras, especialmente de las madres, que son vistas como absentistas potenciales y trabajadoras de corto trayecto profesional interrumpido por el matrimonio o la maternidad.

Las Comisiones Paritarias, que deberían velar por la no discriminación en la clasificación profesional, la promoción y la remuneración, son un instrumento inútil, al contar con una representación ínfima de mujeres.

La participación de mujeres en las altas instituciones del Estado (Consejo Constitucional, Altos funcionarios de la Administración Central y Local, Direcciones Generales, Aduanas, Impuestos, Protección Civil, Seguridad Nacional, etc.) sigue siendo infinitesimal.

La segregación política. Sólo una minoría irrelevante de mujeres, designadas, utilizadas como coartada simbólica y empleadas sistemáticamente en los sectores considerados femeninos -Solidaridad, Asuntos Sociales, Cultura...- han emergido a los puestos políticos. La mayoría de ellas, además, no evolucionan a partir de estos altos cargos, sino que quedan en las organizaciones de masas, como la UNFA o en cargos electivos sin responsabilidad ejecutiva.

En la Asamblea Nacional Popular, después de la lucha de liberación, en 1962 fueron elegidas 10 mujeres. 20 años después, en 1982, sólo cuatro diputadas formaron parte del Parlamento.

En 1991, en la primera vuelta de las elecciones legislativas interrumpidas (tras el ascenso del FIS), no fue elegida ninguna de las 76 candidatas presentadas, lo que muestra el modelo social en marcha. Además, el sistema electoral permitía a los hombres votar por las mujeres de su familia, desvirtuando radicalmente el principio democrático de "una persona, un voto".

El 1992 12 mujeres fueron designadas en el Consejo Nacional de Transición.

En 1999 han sido elegidas 13 mujeres para la Asamblea Nacional Popular t 8 para el Senado, 5 de ellas designadas y 3 elegidas. A nivel local en las Asambleas Populares de Wilaya hay 64 mujeres elegidas. Ninguna preside este órgano deliberante. En las Asambleas Populares Municipales hay 79 concejalas en 1.541 municipios.

La abolición en 1989 del partido único y la implantación del pluripartidismo no se ha traducido en un cambio en la relación entre hombres y mujeres en la representación popular.

La integración minoritaria de mujeres en los partidos no responde en la mayoría de los casos a un proyecto de sociedad moderna y de libertades, sino más bien a estrategias electoralistas para captar el voto femenino. La inserción de mujeres en las listas es escasa y su colocación en puestos sin posibilidad de ser elegidos mantiene el estatu quo.

En resumen, los discursos sobre la democracia y la modernidad evocados por numerosas tendencias políticas no conllevan un cambio de su práctica. En cambio, subsisten los compromisos entre fuerzas tradicionalistas y modernizadoras utilizando los derechos de las mujeres como moneda de cambio.

En conclusión, la movilización de las mujeres es más necesaria que nunca, ante una situación de regresión de nuestro derecho a la igualdad en la vida profesional y política y de atentados a nuestra dignidad. Sólo una acción estructurada y sostenida, en primer lugar por las mujeres, pero respaldada por la sociedad entera, permitirá cambiar el cambio de la imagen de la mujer ante sí misma y ante la sociedad, girando de una figura pasiva y dependiente a una posición activa en lo económico y lo político, a una ciudadanía plena.

Fuente: Mujeres en Red



8 marzo 2000



 



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