Prioridad para la cooperación en el Mediterráneo y para la situación de las mujeres en el nuevo Plan

Plan Director de Cooperación Española 2005-2008

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El Congreso de Diputados ha aprobado el nuevo "Plan Director de Cooperación Española 2005-2008" que marcará las nuevas líneas de la cooperación española en los próximos años.

El nuevo plan incorpora a la lista de países prioritarios la zona mediterránea: Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez la población saharaui y los territorios palestinos.

También destacamos el protagonismo de las políticas de género (pag.25) en el objetivo de lucha por la igualdad de oportunidades,el aumento de las capacidades y la autonomía de las mujeres y establece la necesidad de la perspectiva de género esté presente "de manera transveral en todas las políticas, programas y planes de desarrollo". Pobreza, educación, salud sexual y reproductiva, lucha contra la violencia hacia las mujeres son algunos de los elementos mencionados.

Plan Director 2005-2008 - 172 pag - 933.3 KB
Plan Director 2005-2008 - 172 pag

Fragmento del documento referido a la equidad de género:

3. EQUIDAD DE GÉNERO

3.1. EQUIDAD DE GÉNERO: REQUISITO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ

La equidad de género, entendida como la existencia formal y real de los mismos derechos, libertades, oportunidades, alternativas y responsabilidades para los hombres y las mujeres en todos los grupos de edad, sectores sociales, culturas o etnias, constituye, al mismo tiempo, un objetivo de desarrollo, y un factor fundamental para luchar de forma eficaz y sostenible contra la pobreza. Por ello, la Cooperación Española trabajará por integrar la perspectiva de género como una prioridad horizontal en la política de desarrollo.

La igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres y el derecho a la no-discriminación por razones de sexo han sido dos de los principios normativos reconocidos como fundamentales por NNUU desde su creación, contenidos en la Declaración Universal de los derechos humanos (1948) y en posteriores Pactos internacionales que recogen los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas, para la construcción de la justicia y la paz.

Los dos instrumentos internacionales más importantes relativos a la igualdad de género son la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Plataforma de acción de Pekín.

La CEDAW, adoptada en 1979, es el único instrumento de carácter Vinculante para los países que lo ratifican. Considera que la discriminación por razón de sexo es un obstáculo para el desarrollo y reconoce expresamente la necesidad de actuar con todos los medios disponibles contra la violación de los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como privada.

La Plataforma de acción de Pekín, resultado de la IV Conferencia mundial de las mujeres celebrada en 1975, constituye el referente más relevante para el desarrollo de las mujeres en el mundo. La Plataforma establece por primera vez que la perspectiva de género debe estar presente de manera transversal en todas las políticas, planes y programas de desarrollo de los países, como estrategia para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. La Plataforma identifica 12 áreas críticas prioritarias de intervención y plantea objetivos estratégicos vinculados a cada área, con acciones concretas definidas para realizar de manera simultanea por los gobiernos, la sociedad civil y las agencias de cooperación bilateral y del sistema de NNUU para mejorar la condición y posición de las mujeres en el mundo, mediante su empoderamiento en todas las esferas de la vida pública y privada.

La Plataforma de Acción señala la importancia de intervenciones que tengan en cuenta las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres y reconozcan y apoyen su esfuerzo por superar la pobreza, favorezcan la igualdad en el acceso a la educación en todos sus niveles, fomenten el acceso a los servicios de protección social y sanitarios y promuevan la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sirvan para prevenir y tratar la violencia contra las mujeres, tomen en cuenta las necesidades concretas de las mujeres en la solución de los conflictos armados y su protección específica, promuevan el acceso al empleo digno de las mujeres y a los ámbitos de decisión sobre su actividad económica, favorezcan la ciudadana plena de las mujeres en el ejercicio de los derechos y su representación de forma equilibrada en el poder político y en todas las instancias de participación internacionales, nacionales o locales donde se toman decisiones, incidan en procesos de fortalecimiento institucional que promuevan la equidad de género en el desarrollo, promuevan la gestión medioambiental por parte de la mujer y defiendan los derechos de las niñas contra la violencia, la explotación, la marginación y la discriminación por cualquier causa.

Además, durante la década de los 90, la equidad de género es reconocida e integrada en diversas cumbres y conferencias temáticas especializadas de Naciones Unidas como requisito ineludible para reducir la pobreza y alcanzar la democracia, la paz y el desarrollo sostenible en el mundo. De esta forma queda reflejado en las declaraciones y acuerdos establecidos por los países en la Conferencia de población y desarrollo de El Cairo (1992), en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río (1992) en la de Derechos Humanos de Viena (1993) o en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague (1995). Así mismo, los Convenios de la OIT números 100 (Convenio sobre la Igualdad de Remuneración) y 111 (Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación) son elementos internacionales fundamentales para el fomento de la equidad de género.

Para dar respuesta efectiva a los acuerdos establecidos en las conferencias de Naciones Unidas durante los 90 en materia de equidad de género, entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se contempla el Objetivo 3, la igualdad entre los sexos y el aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres como un objetivo prioritario en sí mismo, estableciendo metas e indicadores concretos para alcanzar la igualdad en el ámbito de la educación antes del 2015. Además, se reconoce que para obtener los resultados fijados en el resto de los objetivos establecidos en la Declaración del Milenio, será necesario integrar el enfoque de género de forma efectiva en cada uno de ellos y en todas las acciones que se emprendan para erradicar el la pobreza en el mundo y propiciar el desarrollo sostenible

En el ámbito de la UE, en 1995 se adopta la Resolución del Consejo y de los Estados Miembros sobre la integración de la perspectiva de género en la cooperación para el desarrollo. El posterior desarrollo del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1998 y de abril de 2004, establece que los Estados miembros deberán integrar la perspectiva de género en todas las políticas, estrategias e intervenciones en materia de desarrollo, complementado con la implementación de medidas específicas a favor de las mujeres.

Por su parte, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE reconoce que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un compromiso de dimensión global aplicable tanto a los Estados respecto a sus habitantes, como a su actuación en el ámbito internacional. Las Directrices del CAD para la Igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de la mujer en la cooperación para el desarrollo, adoptadas en 1998, otorgan un reconocimiento oficial a la equidad de género como objetivo de desarrollo y responsabiliza a los miembros del CAD de la supervisión de su puesta en marcha.

El Gobierno español cuenta con referentes jurídicos en el ámbito nacional para la igualdad de oportunidades.La Constitución Española (Art. 14) establece el principio de la igualdad de los y las españolas ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, correspondiendo a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad de las personas y grupos en que se integran sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que lo impiden (Art. 9, 2.). Para poner en práctica los principios a favor de la igualdad y no-discriminación establecidos en la Constitución, se definen sucesivos Planes nacionales para la igualdad de oportunidades con recomendaciones específicas para que cada uno de los ministerios y entes públicos del gobierno español tomen acciones en dicha materia.

La actividad de España en la política exterior promueve los mismos valores democráticos. Así lo establece la LCID, que otorga una base jurídica específica a la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, la participación ciudadana en igualdad de condiciones y la no discriminación por razón de sexo como principio rector de la Cooperación Española (Art. 2. b y c; Art. 7.c).

El presente Plan Director adopta, a partir del marco normativo internacional y nacional expuesto, un marco conceptual concreto sobre el que sustenta las líneas y mecanismos para su intervención. De este modo se adoptan dos principios fundamentales que están intrinsecamente relacionados:

•El principio de no-discriminación supone terminar con todas las barreras que implican un trato diferente (de exclusión, preferencia o distinción) basado en características personales como el sexo, la raza, la religión, discapacidad, clase, edad, orientación sexual, etc, que tengan como efecto menoscabar o anular la igualdad de trato y oportunidades de las personas.

•La igualdad como principio ilustrado y derecho universal e inalienable de todas las personas sin distinción de ningún tipo, que favorezca en su ejercicio la consecución del bienestar material y el desarrollo humano integral en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica y acceso a las mismas oportunidades en todos los espacios de participación y desarrollo.

A partir de estos dos principios, la equidad de género se entiende como una cuestión de derechos humanos, de justicia social y una condición previa para la consecución de la democracia, y el desarrollo sostenible centrado en el respeto por la dignidad de la vida de todas las personas en el mundo.

La aproximación considerada más adecuada para alcanzar la igualdad real en toda su amplitud y complejidad es el enfoque de Género en el desarrollo (GED), que añade la variable de género al concepto de igualdad. Este enfoque crítico se contrapone y busca superar algunas limitaciones de los enfoques de Mujer en el desarrollo (MED), vigentes en las políticas de desarrollo desde los años 70 en los que se perpetuaban estereotipos y roles tradicionales de mujeres y hombres. El enfoque GED se centra en el paradigma de desarrollo humano sostenible que promueve la interrelación de múltiples disciplinas en el proceso de desarrollo para superar los problemas derivados de relaciones desiguales de poder entre las personas que perpetúan la pobreza, las desigualdades y el crecimiento económico insostenible en el mundo. Pone énfasis en analizar las relaciones de género como relaciones desiguales de poder y distribución de espacios y riquezas en detrimento de la participación de las mujeres.

La perspectiva de género, ubicada en el enfoque GED, supone la consideración sistemática de las diferencias entre las necesidades, condiciones y situaciones específicas que tienen los hombres y las mujeres, y el análisis de las relaciones que se dan entre ambos en una sociedad determinada o en un proceso de desarrollo según el ámbito de actuación en el que se incorpore. La integración de esta perspectiva en las acciones de desarrollo o transversalidad, implica el compromiso de tener en cuenta las diferencias entre los sexos en cuanto a la identificación de sus necesidades, y establecer mecanismos que tiendan a modificar las condiciones de desigualdad y subordinación de las mujeres en todas las esferas de participación, a la vez que se abordan mejoras en cuanto a sus condiciones de vida materiales inmediatas de los hombres y las mujeres. Implica también integrar la perspectiva de género en la totalidad de las políticas, planes y programas de desarrollo.

Por otra parte y para garantizar la integración real de la perspectiva de género en el desarrollo, de forma complementaria a la transversalización, se hace necesario incluir acciones específicas, orientadas a reducir las brechas de desigualdad de género, para subsanar los desequilibrios mediante medidas escalonadas que favorezcan progresivamente la integración en igualdad de las mujeres.

Otro concepto fundamental vinculado a la incorporación del enfoque de género en el desarrollo es el de empoderamiento . Éste es definido como “el aumento de las capacidades y la autonomía de las mujeres”, se entiende por empoderamiento el proceso estratégico para superar la discriminación y exclusión de las mujeres de los espacios de poder donde se toman las decisiones políticas, económicas y de cualquier otro tipo que afectan al desarrollo de sus vidas y de todas las personas, cambiando su posición en las relaciones de género.

3.2 MECANISMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Para conseguir avanzar progresivamente hacia la equidad de género en los países en desarrollo, la política de cooperación internacional española asumirá una doble estrategia complemetaria. Por un lado, la implementación de mecanismos para la institucionalización y la integración de la perspectiva de género en todos los programas y proyectos. Por otro, la promoción de acciones específicas para la equidad. En este último punto, el presente Plan Director plantea el aumento de las capacidades, ciudadanía y autonomía de las Mujeres como un objetivo estratégico de la Cooperación Española en sí mismo, estableciendo prioridades sectoriales para alcanzarlo, tal como se recoge en el apartado respectivo de “Género y desarrollo”.

•Institucionalización e integración de la perspectiva de género en la Cooperación Española:

-  Dotación de capacidades institucionales y técnicas en la reestructuración de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI).

-  Formación, sensibilización y difusión, continuada y evaluable sobre temas de género y desarrollo a todos los actores de la Cooperación Española.

-  Investigación e información sobre la situación de las relaciones de género en los contextos político, social, económico y cultural de los países en desarrollo.

-  Inclusión de la perspectiva de género en los procesos de licitación pública, contratación y subvenciones. Asimismo, integración sistemática de la perspectiva de género en la elaboración los documentos de planificación y comisiones mixtas.

-  Mejoras técnicas para que todos los procesos de diagnóstico, identificación, formulación, seguimiento y evaluación de las actuaciones de la Cooperación Española integren la perspectiva de género. Elaboración de indicadores sensibles al género y obtención de datos desagregados por sexo.

-  Sistematización, revisión, actualización y utilización de los recursos y experiencias existentes en la Cooperación Española en materia de género. Se revisará Estrategia para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, la actualización y utilización de la Guía práctica para la integración de la perspectiva de género en los proyectos de la Cooperación Española, y las experiencias de las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) de la AECI. De mismo modo, las experiencias y recursos del Instituto de la Mujer, de las CCAA y de las organizaciones de la sociedad civil en la materia.

•Promoción del diálogo político sobre temas de género:
-  Diálogo político con los gobiernos de los países en desarrollo en el establecimiento de sus acuerdos con la Cooperación Española.

-  Diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y grupos de mujeres que trabajan por la igualdad de oportunidades.

-  Participación de España en los foros internacionales por la equidad de género y el avance de las mujeres.

•Coordinación y cooperación entre los distintos actores de la Cooperación Española en materia de género:

-  Comunicación y coordinación entre las distintas unidades de la AECI y las OTC en el trabajo sobre temas de género, optimizando la cercanía y conocimiento de estas últimas de los contextos socioculturales de los países.

-  Cooperación e intercambio entre las administraciones públicas españolas, y especialmente entre la AECI y el Instituto de la Mujer.

-  Coordinación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de oportunidades.



10 febrero 2005



 



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